Que es el Certificado AFO?
El certificado AFO es un acrónimo de «Asimilado al régimen de Fuera de Ordenación».
El AFO es un certificado particular creado en Andalucía en 2012, con el fin de regularizar las propiedades que fueron construidas ilegalmente en terrenos rurales.
Este certificado no legaliza una propiedad, sin embargo, confirma la propiedad como reconocida oficialmente fuera de ordenación, lo que significa que no puede ser derribada y le otorga a estas propiedades la oportunidad de contratar servicios como electricidad y agua del Ayuntamiento.
En otras palabras, el AFO es un reconocimiento legal por escrito de la situación ilegal de una propiedad.
Este certificado es especialmente necesario para cualquier persona que desee vender su propiedad en el campo; un posible comprador podría pedir al vendedor que solicite el certificado AFO. También es necesario si el Ayuntamiento requiere que el propietario legalice la propiedad.
Para obtener el AFO, hay algunos costos involucrados, como contratar a un arquitecto para redactar un proyecto, pagar impuestos al Ayuntamiento, verificar los suministros, como agua, electricidad, tanque séptico, aunque esto puede variar según el municipio.
El procedimiento para obtener el AFO suele ser lento y burocrático, pero cada caso es diferente y debe tratarse como tal.
Poseer una propiedad rural con un certificado AFO significa que no es posible construir extensiones adicionales en la casa, ni es posible crear una piscina. En ciertas áreas, es posible solicitar una licencia de construcción presentando el AFO, pero depende únicamente del Ayuntamiento si le otorgan o no el permiso de construcción.
¿Cómo se obtiene un certificado AFO?
La propiedad debe cumplir con ciertos requisitos antes de poder solicitar un certificado, que incluyen:
– El edificio completado debe tener más de 6 años
– La propiedad no debe estar construida en terrenos protegidos
– La propiedad no debe estar construida dentro del área de un asentamiento urbano
– El sistema de aguas residuales deberá ser adaptado
El propietario de la propiedad deberá proporcionar evidencia de propiedad, documentos técnicos que demuestren que el edificio es seguro y apto para habitar, prueba del año en que se construyó la propiedad, así como prueba del pago de tasas al Ayuntamiento.